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Privatizar el agua es privatizar los Derechos Humanos

En los últimos años ha rondado la especulación de que en el Congreso de la Unión se está creando un plan para que el agua pueda ser privatizada y el acceso a ella pueda ser todavía más restringido para algunos sectores de la población.

Todo comenzó en 2015, cuando el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, propuso un modelo de privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la construcción y concesión de grandes obras de infraestructura hidráulica para privilegiar a las grandes industrias por encima de la población en cuanto al acceso al agua.

La iniciativa estaba viva en la “Ley General de Aguas” (bautizada como Ley Korenfeld) pero fue detenida hasta la culminación del periodo electoral del 2015.

Esta propuesta de ley buscaba, entre otras cosas, la toma de decisiones sin tomar en cuenta a la ciudadanía, además de que Conagua dispondría de las autoridades para hacer valer sus determinaciones sin que nadie se lo impidiera.

El tema de la privatización se tocaba en este documento mediante concesiones de grandes obras hidráulicas.

Los efectos de la ley sobre la población se verían desde distintos frentes: con la sobreexplotación de cuencas y mantos acuíferos, el despojo de tierras de la población indígena, garantizar únicamente el consumo de 50 litros de agua al día por persona y el blindaje de las tarifas.

Sin embargo, Korenfeld atravesó un suceso vergonzoso por el cual tuvo que dejar la dirección de Conagua.

El 9 de abril de 2015 salió a la luz una fotografía en la que se veía a David Korenfeld abordando un helicóptero oficial junto con su familia para realizar traslados personales.

Ante la evidencia que envolvió al ex funcionario en la polémica, Korenfeld terminó reconociendo su error y renunciando a su cargo.

Entonces, junto con el ex funcionario, la Ley Korenfeld quedó en el olvido… o eso nos quisieron hacer creer.

En noviembre del año pasado la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, a cargo de José Ignacio Pichardo Lechuga, presentó una iniciativa para la construcción de la Ley General de Aguas.

Para muchos, esta iniciativa no es nada más que una reedición de la Ley Korenfeld.

El borrador de la ley incluye en sus líneas el uso del agua para la explotación de hidrocarburos a través del fracking sin importar las consecuencias ambientales que esta práctica podría generar.

Tras esto, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Carmen Carmona, Joel Carrillo, Rafael Huizar y Gonzalo Hatch) apuntaron que en esta reforma no se incluye “un sistema claro de gestión para el agua subterránea” y que sí se incluye “la privatización de la infraestructura, la entrega de concesiones a perpetuidad, la autorización de los trasvases y la entrega de grandes volúmenes de agua subterránea para actividades altamente contaminantes como el fracking y la minería”.

Ante los planteamientos, organizaciones civiles se han mostrado firmes en contra de toda propuesta o iniciativa que busque la restricción del acceso al agua como una posible solución a la crisis hídrica que se avecina –de acuerdo con algunos expertos– para 2050.

Por ejemplo, la Alianza Mexicana contra el Fracking lanzó un comunicado en el que establecieron que “los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales de la Conagua no representan una solución para atender los peligros del fracking”.

Hoy en día la puerta sigue abierta para las propuestas de todos los frentes para construir una Ley General de Aguas que sea incluyente.

Que se tomen en cuenta las necesidades de los distintos sectores de la población y que además de garantizar el acceso a este derecho humano, se pueda garantizar que el agua sea de calidad para evitar que los más vulnerables sufran todavía más mientras que las grandes compañías se sigan beneficiando a costa de todo(s) lo demás.

Por: Daniel Jacobo

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